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Guía informativa sobre aplicación de las tasas judiciales

Pese a que el próximo mes de diciembre se cumplirán dos años de la entrada en vigor de la Ley de Tasas en nuestro país, la práctica diaria de la profesión en la firma muestran el desconocimiento final de aquella controvertida medida que, por el momento, y a pesar del anuncio por el recientemente designado ministro de Justicia, Rafael Catalá, de la convocatoria de una mesa sectorial para hablar sobre tasas judiciales y justicia gratuita, entre otros asuntos, amenaza con mantenerse al menos una temporadita más.

Así Roithers Legal Group en un intento de informar a sus clientes de lo que significan las tasas judiciales y los procedimientos donde aquellas tienen cabida ante la incertidumbre que existe entre la población de lo que al pleitear tiene o no tasa, y en un lenguaje muy claro dirigido a personas que no tienen conocimientos jurídicos, ha elaborado un folleto informativo que entrega a sus clientes para disipar cualquier duda al respecto.

El contenido de la Guía informativa es, a grandes rasgos, el que sigue:

1.- ¿Cuáles son los órdenes jurisdiccionales en los que debe abonarse la tasa judicial?

La tasa será exigible en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se exigirán para:

  • La interposición de demanda en procedimientos civiles (incluidas reclamaciones de cantidad cuya cuantía sea superior a los 2.000 €).
  • La formulación de reconvención: cuando en la contestación a la demanda a su vez se formula alguna petición no contenida en la demanda
  • La solicitud de concurso de acreedores
  • La interposición de recursos de apelación y casación, procedimientos ante la Audiencia provincial y el Tribunal Supremo, respectivamente.
  • La interposición de recurso contencioso administrativo, dando inicio así al procedimiento administrativo ordinario.
  • La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

En el orden social, sólo se exigirá tasa por la interposición de recurso de suplicación y casación, es decir en segunda y tercera instancia, no siendo necesaria en los procedimientos ante el Juzgado de lo Social.

De este modo, en los procedimientos penales, nunca será necesario el abono de tasa judicial.

2.- En el orden social, ¿el trabajador está obligado a pagar tasas judiciales?

En el caso de trabajadores, beneficiarios de la seguridad social, funcionarios, personal estatutario y sindicatos, la ley se excluye el abono de tasas judiciales, por lo que no deberán pagar tasas para la interposición de recursos en ningún caso, ni ante el Tribunal Superior de Justicia (suplicación) ni ante el Tribunal Supremo (casación).

3.- En los procedimientos de familia, ¿Cuándo es necesario el abono de tasas?

La ley excluye del pago de tasa a los procedimientos sobre capacidad y filiación. Asimismo, en cuanto a divorcios, no será necesario el abono de la tasa cuando se regulen medidas relacionadas con los menores. Esto es, en los procedimientos de separación o divorcio, sólo será necesario el abono de tasa cuando no haya menores.

Donde sí puede exigirse tasa es en los procedimientos de liquidación de la sociedad legal de gananciales, al igual que en los procedimientos de ejecución de sentencias, donde podrá exigirse la tasa al que se oponga a la demanda de ejecución dineraria.

4.- ¿Quiénes están exentos, en todo caso, del abono de las tasas judiciales?

Estarán exentas las personas a las que se haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

5.- ¿Cómo se calcula la tasa?

La tasa judicial se calcula en función de la cuantía del procedimiento, y tiene una cuantía fija y otra variable.

La cuantía fija en el procedimiento civil oscila desde los 100 euros exigibles en reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 € y los 1.200 € exigibles para el supuesto de interposición del recurso de casación (ante el Tribunal Supremo).

  • Para los procedimientos de familia: en los procedimientos de divorcios y modificaciones de medidas en los que no concurran hijos menores, la tasa fija será de 150 euros;  en las oposiciones a la ejecución de una sentencia firme, de 200 euros; y en los recursos de apelación de 800 euros.
  • En el procedimiento contencioso-administrativo, la cuantía fija de la tasa en el procedimiento abreviado será de 200 euros y en el ordinario de 350 euros, cantidades que se mantienen para los recursos de apelación y casación.

 

Para el abono de la parte variable, en el caso de personas físicas el porcentaje variable será del 0,1% de la cuantía del procedimiento.

En aquellos procedimientos en los que no sea posible determinar la cuantía (procedimientos de cuantía indeterminada), se tendrá en cuenta la cantidad de 18.000 euros a los efectos de pago de la tasa.

6.- ¿Cuándo y cómo se abona la tasa?

La tasa ha de abonarse en el momento en que se presenta el escrito (demanda, recurso…). El abono de la tasa debe realizarse en modelo oficial del Ministerio de Hacienda. Una vez autoliquidada la tasa debe adjuntarse el justificante de pago al escrito que se presenta.

7.- ¿Qué sucede si no se abona la tasa o no se paga a tiempo?

La falta de abono de la tasa se considera un defecto subsanable, por lo que el Secretario judicial requerirá al sujeto para su abono en un plazo de diez días. Si transcurrido este plazo no se hubiera cumplido con la obligación de abono, dará lugar a la preclusión o pérdida del acto procesal, que conllevará la continuación (sin tener en cuenta ese trámite) o finalización del procedimiento, según proceda.

ACTUALIZACIÓN: Por medio del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, se procedió a la revisión del sistema de tasas judiciales que introdujo la Ley 10/2012, y que obligaba a todas las personas físicas y jurídicas al abono de una tasa para poder demandar en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social,  eximiendo, desde la entrada en vigor del mismo (1 de marzo de 2015) a las PERSONAS FÍSICAS del pago de las tasas judiciales en todos los órdenes e instancias.

Con carácter literal preceptúa el Real Decreto que «Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas físicas.

b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»

A ello hemos de añadir que, según ha tenido conocimiento de primera mano claim&loyaltySociety por medio de Consulta Vinculante efectuada ante la Agencia Tributaria, este órgano tributario interpreta que las comunidades de propietarios, que carecen de personalidad jurídica propia, actúan representadas por un miembro de la junta, normalmente, el presidente, y en consecuencia se aplicaba a las comunidades la tasa judicial establecida para las personas físicas.

No obstante, conviene no olvidar que, a pesar de la supresión por exención, que no derogación, de las tasas judiciales para personas físicas, todavía quedan muchas limitaciones pendientes de resolver para el acceso a la justicia por parte de personas, en este caso jurídicas (pequeñas y medianas empresas, asociaciones y fundaciones,…) que precisan y necesitan también del auxilio judicial.

 

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